La COVID, las vacunas, la nieve, el precio de la luz…Desde la Asociación de Consumidores ACTORA Consumo (asociación privada sin ánimo de lucro apartidista y sin credo religioso de ningún tipo constituida en el año 1978) manifestamos nuestro hartazgo ante la instrumentalización partidista constante de los problemas de los ciudadanos. Somos ciudadanos, no queremos ser tratados ni como súbditos, ni hooligans, ni clientes ni afiliados.
La pandemia por COVID afecta a la población mundial, las vacunas son seguramente la única solución a la misma, la nieve ha caído del cielo y la luz es, ha sido y será un bien de primera necesidad.
La luz se privatizó en España en 1997, por transposición de una Directiva Europea de 1996 que pretendía que los ciudadanos europeos pudiéramos elegir suministrador de luz, algo que desde luego en España no se ha conseguido, y a la que se le aplica un 21% de IVA, como a los artículos de lujo.
Por eso, esta Asociación lleva desde el año 2014 solicitando la bajada del IVA en las facturas de la luz para los consumidores domésticos y que deje de aplicarse ese impuesto a los peajes.
Por eso en 2014 nos movilizamos junto al resto de asociaciones de consumidores de Aragón exigiendo un precio justo para la luz, por eso hemos organizado charlas en nuestra Asociación con una de las personas que más respeto nos merece en todas estas cuestiones, el profesor de Universidad José María Yusta Loyo, al que agradecemos desde aquí su siempre disponibilidad y amabilidad.
Por eso hemos escrito al Ministerio de Hacienda para que nos explique por qué se aplica el IVA a los peajes y por qué no se puede bajar del 21 al 4%.
También por eso mediamos con las empresas comercializadoras de luz cuando los consumidores plantean sus reclamaciones y ayudamos con los trámites de solicitud de bono social de los consumidores, es decir, hechos, no palabras.
El precio del kilovatio/hora que está subiendo escandalosamente estos días tiene que ver con el tipo de mercado de electricidad y afecta sobre todo directamente a los consumidores del mercado regulado (PVPC), imprescindible para poder ser beneficiario del bono social y que se pretendía fuera algo residual dentro del mercado; para los consumidores de mercado libre el precio del kilovatio lo establece el contrato con la comercializadora y normalmente la duración de esos contratos es de un año.
Pero es el IVA lo que nos afecta a todos y su regulación está en manos del Gobierno. Para que sirva de ejemplo la diferencia de un IVA del 21 al 4% en mi última factura de luz supone 8 euros. Los Gobiernos deben estar para resolver problemas, no para crearlos ni para hacer publicidad de sus partidos y mucho menos para enfrentar entre sí a los ciudadanos.
Lucia Germani,
presidenta de ACTORA Consumo